El ex alcalde de Cómpeta condenado por delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha condenado a una pena de multa y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público al ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López (PP) por un delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para construir sobre suelo no urbanizable.

Los hechos, que se declaran probados de conformidad de las partes, tuvieron lugar en junio de 2001, cuando el entonces regidor de dicho municipio concedió a favor de un particular licencia de obras para movimientos de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en una parcela del paraje conocido como 'El pulido'. Dicho suelo, según la sentencia, estaba calificado como no urbanizable, «incumpliéndose el planeamiento urbanístico con pleno conocimiento de estos extremos», ya que en el informe elaborado por el arquitecto municipal se pedía la denegación de la licencia.

Mostró conformidad

Además, la resolución precisa que no se podía conceder licencia de primera ocupación en noviembre de 2004. Estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística y tanto el acusado como su defensa se mostraron conformes con el escrito de acusación que el ministerio fiscal modificó en el juicio, y con las penas solicitadas, «con conocimiento de sus consecuencias». Así, se le condena a una pena de multa de 12 meses, a razón de una cuota diaria de seis euros, lo que supone una cantidad total de 2.160 euros, además de la inhabilitación durante un periodo de siete años para desempeñar empleo o cargo público.

Leovigildo López fue doce años alcalde de la población malagueña de Canillas de Albaida y 16 en Cómpeta -los 28 de forma ininterrumpida- y renunció a presentarse como candidato en las elecciones municipales de 2007.

Se da la circunstancia de que es la segunda vez que un ex alcalde de Cómpeta resulta condenado. En 1999 la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Málaga impuso una pena de siete años de inhabilitación a José Ávila (PSOE), alcalde de la localidad hasta 1991, por un delito continuado de prevaricación por parar reiteradamente y sin cumplir los trámites legales una obra de reforma y ampliación que realizaba en su casa una vecina del pueblo. Ávila fue condenado también a tres meses de arresto y una multa de 600 euros por coacciones.

Diario Sur, 24/03/08