La sentencia constata además que la construcción, ubicada en Almayate, no tenía licencia por lo que ordena su demolición.El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha ordenado la demolición de unas obras en la localidad malagueña de Vélez-Málaga por hacerse sin licencia y en terreno no urbanizable, y ha condenado al promotor de éstas, quien pagará dicha demolición, a un año de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y por otro de desobediencia.
El procesado solicitó en mayo de 2003 la licencia de obra para el cercado y una caseta de aperos en la Cortijada Hornillo de Almayate, en el municipio de Vélez-Málaga, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, en suelo no urbanizable de protección especial como paisaje agrario singular. La resolución precisa que en septiembre de ese año se visitó la obra "viendo que se estaba construyendo a pesar de no haber obtenido aún permiso" y en abril de 2004 se comprobó que la construcción seguía, denegándose la licencia en mayo de dicho año. Además, en septiembre de 2004 se decretó la demolición de la obra y la paralización de ésta.
El procesado solicitó en mayo de 2003 la licencia de obra para el cercado y una caseta de aperos en la Cortijada Hornillo de Almayate, en el municipio de Vélez-Málaga, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, en suelo no urbanizable de protección especial como paisaje agrario singular. La resolución precisa que en septiembre de ese año se visitó la obra "viendo que se estaba construyendo a pesar de no haber obtenido aún permiso" y en abril de 2004 se comprobó que la construcción seguía, denegándose la licencia en mayo de dicho año. Además, en septiembre de 2004 se decretó la demolición de la obra y la paralización de ésta.
No obstante, en una nueva inspección realizada a finales de diciembre de ese mismo año "se vio que seguía construyendo" en ese momento una vivienda unifamiliar "incumpliendo así los distintos mandatos de la autoridad", a pesar de que se le advirtió de que podía incurrir en un delito.
El acusado mostró su conformidad con los hechos y la pena pedida por la acusación pública, por lo que se le condena a seis meses de prisión, inhabilitación para profesión de promotor por el mismo periodo y multa de 3.600 euros por el delito contra la ordenación del territorio; y a otros seis meses de cárcel por desobediencia.
Málaga Hoy, 10/03/2008
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