Cerrojazo informativo de la Junta ante un vertido incontrolado que tiene un perímetro de seguridad de un kilómetro cuadrado con labores continuas de limpieza .
“Se ha trasladado con la máxima prudencia la información referente al vertido. De igual modo se hará en lo sucesivo”. Con esta línea despachaba el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Francisco Fernández España, la batería de preguntas que El Observador le hacía sobre el vertido incontrolado de combustible causado el pasado octubre de 2011 por la rotura de un oleoducto en la barriada de Castañetas, en el término municipal de Málaga capital. Un vertido en cuyas labores de limpieza se sigue trabajando desde hace seis meses y que ha provocado que una gran balsa de gasoil se desplace en la actualidad en sentido sur, envenenando pozos, hacia el acuífero del bajo Guadalhorce que surte al área metropolitana de Málaga y parte del valle del Guadalhorce.
En octubre de 2011 una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil desmantelaba el robo a gran escala que unos ciudadanos ingleses estaban realizando al oleoducto de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que surte al aeropuerto internacional de Málaga. Haciendo un boquete a la canalización subterránea a su paso por Campanillas (Málaga) habían robado 156.700 litros, informó la empresa. De lo que nunca se habló -ni CLH, ni el Ayuntamiento de Málaga, ni la Delegación de Medio Ambiente en Málaga- es de la cantidad de combustible que se había filtrado al subsuelo.
Para hacernos una idea del desastre medioambiental que se ha producido basta decir que a día de hoy continúan las labores de extracción del gasoil derramado en la ‘zona cero’ de la barriada de Castañetas, donde siguen llegando camiones cuba para chupar la gran balsa de gasoil que flota en el subsuelo. La Junta ha prohibido en un kilómetro de perímetro (alrededor del punto del vertido) la utilización del agua procedente de varios pozos envenenados. Uno de los vecinos afectados, Francisco Calero, ilustró a esta revista la situación que viven a raíz de este episodio: “He sacado un cubo de mi pozo; he echado el liquido al suelo; le he prendido candela y las llamas que salían eran de dos metros”.
En cerrojazo informativo del Gobierno andaluz en este caso es absoluto. Después de insistentes llamadas no atendidas durante la semana pasada, EL OBSERVADOR trasladó ayer al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Francisco Fernández España (PSOE), las siguientes preguntas: “¿Qué acciones ha llevado a cabo la Junta para paliar los efectos del vertido? ¿Ha desplazado efectivos de limpieza? ¿Ha realizado la Junta algún estudio o medición del área afectada? ¿Se está colaborando con la empresa CLH? ¿En qué consiste esa colaboración? ¿Cuántas personas se han visto directamente afectadas por el vertido? ¿Hay animales intoxicados? ¿Cuántos pozos se han visto afectados? ¿Hasta cuándo estarán envenenados los pozos? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha derramado? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha recogido? ¿Por qué no se ha informado de un asunto como este a la opinión pública? ¿Hay alguna clase de trabajo coordinado con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga para tratar este asunto?”. La respuesta llegó a través de un escueto email que indican que desde “la Delegación de Medio Ambiente se ha trasladado con la máxima prudencia, tanto a través de los medios de comunicación a la ciudadanía en general, como de forma personalizada a los afectados por el vertido la información referente al vertido. De igual modo, se hará en lo sucesivo”.
No obstante y a pesar de esta política de opacidad hay varios hechos incuestionables que causan inquietud. El primero es que el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga -editado en 2007, y cuya autoría corresponde a la Diputación de Málaga, al Instituto geológico Minero de España y a la Universidad de Málaga- sitúa en el entorno en el que se ha producido el vertido al acuífero del bajo Guadalhorce (el curso del río está a apenas dos kilómetros de la ‘zona cero’ de Castañetas). En este acuífero de 270 kilómetros cuadrados se tienen 50 pozos contabilizados oficialmente como de extracción, captaciones que surten de agua a Málaga capital y a municipios como Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Pizarra, Cártama y Álora.
El segundo es que el vertido “se desplaza en dirección sur”, según apunta el representante de los regantes del Guadalhorce, Juan Antonio Aguilar, razonando que es esa dirección “la que toma el propio curso natural y las corrientes subterráneas del agua en esta zona”. Aguilar argumenta que “no hay antecedentes de un desastre como este y no sabemos durante cuánto tiempo ni de qué forma nos afectará”. Aunque agradece la atención inicial, el representante de los regantes reclama informes, datos y atención tanto de la empresa CLH como de la Junta de Andalucía en este asunto.
Guarda silencio también una de las administraciones directamente implicadas en este accidente medioambiental, el Ayuntamiento de Málaga, en cuyo término municipal se ha producido el vertido. Las preguntas realizadas ayer por esta revista al hilo de este accidente quedaron sin respuesta.
Uno de los mayores expertos en asuntos hídricos de la provincia, el veterano militante de Ecologistas en Acción, Francisco Puche, señala que en accidentes como éste hay que exigir a las administraciones públicas que actúen con “rapidez, urgencia y eficacia, para que la contaminación no vaya a más. Al ser subterráneo no se conoce por dónde circulan las corrientes, dónde están los pozos y dónde los meandros por los que, después de seis meses, hay que suponer se ha extendido la mancha de gasoil. Este tipo de limpiezas de aguas subterráneas son caras, lentas y difíciles”.
Subrayando que no habla en nombre de Ecologistas en Acción y que no conoce el asunto en profundidad, el también colaborador de esta revista cree que el vertido “añadirá sequía a la sequía al dañar irremediablemente un número indeterminado de pozos. De momento, lo que sabemos es que se han realizado 93 sondeos para medir la extensión de la contaminación, lo que nos da una idea aproximada de la magnitud de la mancha contaminante”.
Por su parte, el portavoz de Equo Málaga, Juanjo Merino, critica duramente lo ocurrido: “La sorpresa es el secretismo. No se puede argumentar por parte de las administraciones el razonamiento de que para no generar una falsa impresión de alarma en la ciudadanía se acabe generando lo contrario por la falta de transparencia. Es lo que está pasando ahora. Sospechamos lo peor. Queremos datos sobre la mesa y que nos den la información con pelos y señales. La sorpresa es mayor si tenemos en cuenta que hay pozos afectados e, hipotéticamente, también acuíferos. El vertido ha debido ser brutal. Llama la atención la falta de control de CLH sobre sus infraestructuras”.
Revista El Observador, 10/04/2012
“Se ha trasladado con la máxima prudencia la información referente al vertido. De igual modo se hará en lo sucesivo”. Con esta línea despachaba el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Francisco Fernández España, la batería de preguntas que El Observador le hacía sobre el vertido incontrolado de combustible causado el pasado octubre de 2011 por la rotura de un oleoducto en la barriada de Castañetas, en el término municipal de Málaga capital. Un vertido en cuyas labores de limpieza se sigue trabajando desde hace seis meses y que ha provocado que una gran balsa de gasoil se desplace en la actualidad en sentido sur, envenenando pozos, hacia el acuífero del bajo Guadalhorce que surte al área metropolitana de Málaga y parte del valle del Guadalhorce.
En octubre de 2011 una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil desmantelaba el robo a gran escala que unos ciudadanos ingleses estaban realizando al oleoducto de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que surte al aeropuerto internacional de Málaga. Haciendo un boquete a la canalización subterránea a su paso por Campanillas (Málaga) habían robado 156.700 litros, informó la empresa. De lo que nunca se habló -ni CLH, ni el Ayuntamiento de Málaga, ni la Delegación de Medio Ambiente en Málaga- es de la cantidad de combustible que se había filtrado al subsuelo.
Para hacernos una idea del desastre medioambiental que se ha producido basta decir que a día de hoy continúan las labores de extracción del gasoil derramado en la ‘zona cero’ de la barriada de Castañetas, donde siguen llegando camiones cuba para chupar la gran balsa de gasoil que flota en el subsuelo. La Junta ha prohibido en un kilómetro de perímetro (alrededor del punto del vertido) la utilización del agua procedente de varios pozos envenenados. Uno de los vecinos afectados, Francisco Calero, ilustró a esta revista la situación que viven a raíz de este episodio: “He sacado un cubo de mi pozo; he echado el liquido al suelo; le he prendido candela y las llamas que salían eran de dos metros”.
En cerrojazo informativo del Gobierno andaluz en este caso es absoluto. Después de insistentes llamadas no atendidas durante la semana pasada, EL OBSERVADOR trasladó ayer al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, Francisco Fernández España (PSOE), las siguientes preguntas: “¿Qué acciones ha llevado a cabo la Junta para paliar los efectos del vertido? ¿Ha desplazado efectivos de limpieza? ¿Ha realizado la Junta algún estudio o medición del área afectada? ¿Se está colaborando con la empresa CLH? ¿En qué consiste esa colaboración? ¿Cuántas personas se han visto directamente afectadas por el vertido? ¿Hay animales intoxicados? ¿Cuántos pozos se han visto afectados? ¿Hasta cuándo estarán envenenados los pozos? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha derramado? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha recogido? ¿Por qué no se ha informado de un asunto como este a la opinión pública? ¿Hay alguna clase de trabajo coordinado con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga para tratar este asunto?”. La respuesta llegó a través de un escueto email que indican que desde “la Delegación de Medio Ambiente se ha trasladado con la máxima prudencia, tanto a través de los medios de comunicación a la ciudadanía en general, como de forma personalizada a los afectados por el vertido la información referente al vertido. De igual modo, se hará en lo sucesivo”.
No obstante y a pesar de esta política de opacidad hay varios hechos incuestionables que causan inquietud. El primero es que el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Málaga -editado en 2007, y cuya autoría corresponde a la Diputación de Málaga, al Instituto geológico Minero de España y a la Universidad de Málaga- sitúa en el entorno en el que se ha producido el vertido al acuífero del bajo Guadalhorce (el curso del río está a apenas dos kilómetros de la ‘zona cero’ de Castañetas). En este acuífero de 270 kilómetros cuadrados se tienen 50 pozos contabilizados oficialmente como de extracción, captaciones que surten de agua a Málaga capital y a municipios como Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Pizarra, Cártama y Álora.
El segundo es que el vertido “se desplaza en dirección sur”, según apunta el representante de los regantes del Guadalhorce, Juan Antonio Aguilar, razonando que es esa dirección “la que toma el propio curso natural y las corrientes subterráneas del agua en esta zona”. Aguilar argumenta que “no hay antecedentes de un desastre como este y no sabemos durante cuánto tiempo ni de qué forma nos afectará”. Aunque agradece la atención inicial, el representante de los regantes reclama informes, datos y atención tanto de la empresa CLH como de la Junta de Andalucía en este asunto.
Guarda silencio también una de las administraciones directamente implicadas en este accidente medioambiental, el Ayuntamiento de Málaga, en cuyo término municipal se ha producido el vertido. Las preguntas realizadas ayer por esta revista al hilo de este accidente quedaron sin respuesta.
Uno de los mayores expertos en asuntos hídricos de la provincia, el veterano militante de Ecologistas en Acción, Francisco Puche, señala que en accidentes como éste hay que exigir a las administraciones públicas que actúen con “rapidez, urgencia y eficacia, para que la contaminación no vaya a más. Al ser subterráneo no se conoce por dónde circulan las corrientes, dónde están los pozos y dónde los meandros por los que, después de seis meses, hay que suponer se ha extendido la mancha de gasoil. Este tipo de limpiezas de aguas subterráneas son caras, lentas y difíciles”.
Subrayando que no habla en nombre de Ecologistas en Acción y que no conoce el asunto en profundidad, el también colaborador de esta revista cree que el vertido “añadirá sequía a la sequía al dañar irremediablemente un número indeterminado de pozos. De momento, lo que sabemos es que se han realizado 93 sondeos para medir la extensión de la contaminación, lo que nos da una idea aproximada de la magnitud de la mancha contaminante”.
Por su parte, el portavoz de Equo Málaga, Juanjo Merino, critica duramente lo ocurrido: “La sorpresa es el secretismo. No se puede argumentar por parte de las administraciones el razonamiento de que para no generar una falsa impresión de alarma en la ciudadanía se acabe generando lo contrario por la falta de transparencia. Es lo que está pasando ahora. Sospechamos lo peor. Queremos datos sobre la mesa y que nos den la información con pelos y señales. La sorpresa es mayor si tenemos en cuenta que hay pozos afectados e, hipotéticamente, también acuíferos. El vertido ha debido ser brutal. Llama la atención la falta de control de CLH sobre sus infraestructuras”.
Revista El Observador, 10/04/2012
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