lunes, 7 de mayo de 2012

La petrolera CLH amenzada a los vecinos para que no denuncien el vertido de hidrocarburos


Continúa, siete meses después, la absorción del carburante derramado en la vega del Guadalhorce. Los ayuntamientos de Málaga y Alhaurín piden transparencia a la Junta.

Árboles muertos, pozos envenados, 6.000 litros de carburante absorbidos cada semana del subsuelo de la vega del Guadalhorce, vecinos desesperados ante el olvido de las instituciones y el silencio de la opinión pública y los responsables políticos… Continúan, siete meses después, las labores de descontaminación por el vertido masivo e incontrolado de hidrocarburos en la barriada de Castañetas, en Málaga capital. Un desastre ecológico producido por el robo de combustible del oleoducto de la petrolera CLH que, según tiene constancia El Observador, es materia de investigación del sumario 7087/11.

Desde que la Junta de Andalucía y la Compañía Logística de Hidrocarburos tuvieron constancia del vertido de decenas de miles de litros de combustible al subsuelo de la vega agrícola del Guadalhorce, en octubre de 2011, la consigna fue clara: Silencio. Ni una palabra sobre el desastre a la opinión pública.

A Francisco Calero, uno de los vecinos directamente afectados, cuando se quejó de que no recibían notificación de la Junta de Andalucía y avisó a un vecino del riesgo que corrían sus animales con los pozos envenenados, un perito de CLH le avisó de que estaba “hablando demasiado” y que “si el juez ha decretado secreto de sumario no puede decir nada”.

Calero es un hombre de campo “reconozco que no tengo cultura. No tuve oportunidad de recibir educación. Soy analfabeto. Pero me hierve la sangre porque aquí tienen orden de no decirme nada por si hablo. Los árboles se me mueren. Y no entiendo porque esto no sale en la tele”. Bajo su campo de naranjas flota una balsa de gasóleo que el se preocupa de medir a diario con sondas que realiza en sus pozos. Ayer mismo indicaban que el combustible seguía marcando una franja 36 centímetros y otra de 23 centímetros.

La formación ecologista Equo estudia personarse como acusación en esta caso que se instruye en los juzgados de Málaga. De momento ha solicitado acceso al sumario 7087/11 y ha exigido la dimisión del delegado de medio Ambiente de la Junta en Málaga, Francisco Fernández España (PSOE), que durante esta crisis no ha realizado ninguna comparecencia pública para explicar lo sucedido. Equo no sólo ha desplazado a militantes al terreno sino que también ha solicitado en el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, donde tiene representación, que se inste al Gobierno andaluz a que informe de lo sucedido.

Lo mismo ha hecho el concejal de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, que en el último pleno municipal presentó una moción -que fue aprobada con modificaciones- exigiendo transparencia a la Junta de Andalucía.

En tanto, los camiones cisterna siguen trabajando en la zona en la que se produjo el vertido. Los cálculos de los transportistas son que semanalmente se están sacando 6.000 litros de combustible.

Repetimos a continuación las preguntas remitidas a la Consejería de Medio Ambiente para las que esta revista está esperando respuesta desde el pasado mes de marzo: “¿Cuántos estudios de contraste a los informes de CLH ha realizado la Delegación de Medio Ambiente? ¿Son públicos? ¿Dónde se pueden consultar? ¿Se han compartido estos estudios con el Ayuntamiento de Málaga? ¿Cuántas roturas se han contabilizado en el oleoducto? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos técnicos de la Delegación de Medio Ambiente en Málaga se han desplazado y trabajan en la zona afectada?  ¿De qué medios técnicos dispone la Junta de Andalucía para realizar las labores de limpieza? ¿Cuenta la Junta con un protocolo de actuación ante emergencias de este tipo? Y si es así, ¿Es público ese documento? ¿Pueden facilitárnoslo? ¿En qué consisten y cómo funcionan los “sistemas de depuración de efluentes”? ¿Dónde exactamente tienen localiza la pluma contaminante? ¿Hacia dónde avanza la pluma? ¿Cómo puede asegurar la Junta que no hay riesgo para la salud? ¿Cómo puede asegurar la Junta que el vertido no ha afectado al acuífero del bajo Guadalhorce? ¿Dispone de medios técnicos (y los ha utilizado) para certificar que después de seis meses el vertido no se ha filtrado al acuífero? ¿Por qué no se ha informado de un asunto como este a la opinión pública? ¿Por qué ni siquiera se ha reunido el Consejo Provincial de Medio Ambiente para ser informado de este caso? ¿Por qué tampoco ha habido comunicación oficial al Ayuntamiento de Málaga informando al respecto? ¿Cuántas personas se han visto directamente afectadas por el vertido? ¿Hay animales intoxicados? ¿Hasta cuándo estarán envenenados los pozos? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha derramado? ¿Cuánta cantidad de combustible se ha recogido?

Revista el Observador, 04/05/2012

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