El Ayuntamiento de Málaga va a ´blindar´ contra "posibles operaciones especulativas" determinadas zonas de la ciudad que el PGOU reserva para equipamiento público. La idea es impedir que estas parcelas, actualmente en manos privadas, pero con destino a uso público, sean compradas por un tercero con la intención de pedir luego a Urbanismo su expropiación a unos precios muy superiores a los de su adquisición, como ha ocurrido últimamente.
Para poner "coto a operaciones especulativas", según lo definió ayer el concejal Manuel Díaz, la Gerencia de Urbanismo aprobará inicialmente mañana otorgar al Ayuntamiento los derechos de tanteo y retracto sobre las parcelas destinadas a uso público en tres áreas del Puerto de la Torre, Bahía de Málaga y Campanillas. Esto quiere decir que si el propietario de alguna de estas parcelas quiere venderla está obligado a comunicárselo antes al Ayuntamiento, que tendrá el derecho preferente de comprarla. Si en última instancia los responsables municipales no ejecutan la compra sí podrán conocer el precio real de mercado al que se vende y evitar luego pagar expropiaciones altísimas.
El Ayuntamiento va a adoptar esta decisión, que tiene su respaldo legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), después de verse sorprendido por cuatro casos ocurridos últimamente donde sus actuales propietarios han reclamando la expropiación de la parcela en cuestión con un valor "que por término medio es diez veces superior al que se gastaron en su compra", según aclaró Manuel Díaz.
Estas operaciones son "claramente especulativas", según Díaz, ya que se trata de parcelas destinadas para zonas verdes o viales, donde no se puede construir. Sin embargo, son compradas por "personas muy conocedoras del mundo inmobiliario". Según la Ley del Suelo, si en cuatro años, desde la aprobación del PGOU, el Ayuntamiento no ha intervenido sobre ese suelo, el propietario puede reclamar su expropiación.
Esto ya ha ocurrido en Málaga en cuatro casos. Y los cuatro que han conseguido escapar de este blindaje que aprobará el Ayuntamiento se sitúan en la zona de Gibralfaro y El Limonar. Uno de ellos es muy elocuente. Una promotora que opera en la provincia compró una zona verde a las monjas del colegio El Monte por 3.600.000 euros. Una vez transcurridos los cuatro años, la promotora ha exigido al Ayuntamiento su expropiación y reclama 68,2 millones de euros. Es decir, casi veinte veces más que el precio por el que la compró.
Según anunció el concejal de Urbanismo, en los próximos meses el Ayuntamiento blindará también el resto de las áreas de reservas contempladas en el PGOU de la capital, lo que unirá otras siete zonas a las tres ahora blindadas.
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