Además de Marbella, los municipios de la Axarquía, el Guadalhorce, Mijas y Estepona son los más afectados por esta situación. Los constructores exigen que se agilicen los planes de ordenación para que la actividad inmobiliaria salga de la crisis.
Las tropelías del GIL en Marbella a lo largo de muchos años y el escaso control autonómico de su fraudulenta política urbanística explotaron en la última época del fallecido Jesús Gil y, sobre todo, cuando comenzó la operación ´Malaya´. Miles de personas que habían comprado sus casas de buena fe se encontraron con la cruda realidad de que sus pisos eran ilegales o, al menos, que estaban en situación irregular. El caso de Marbella es el más conocido, el más famoso, el más mediático, pero en absoluto es el único. En toda la provincia hay más de 50.000 viviendas en esta especie de letargo de la alegalidad, la mayoría de ellas por edificaciones en suelo rústico.
En Marbella, el número de unidades en situación irregular llega hasta las 19.000. Sin embargo, este caso, puede ser el primero en solucionarse, y además casi completamente. Se acaba de pactar entre PSOE y PP una modificación del plan general de ordenación urbana en la que se prevé la legalización de unas 18.000, pues fueron adquisiciones ´de buena fe´ por parte de los compradores.
Al lado de Marbella, en Estepona, también hay casos de construcciones ilegales que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ayuntamiento. Es el asunto conocido como ´los campitos´, viviendas levantadas en suelo rústico, en principio como casas de aperos de labranza pero remodeladas, que además están en terrenos declarados como zona protegida por el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta.
Un caso parecido al de Estepona se da en Mijas, también en diseminados rurales como la zona de Valtocado. En este municipio hay entre 7.500 y 8.000 viviendas alegales y, lo que es más preocupante para los vecinos, 3.000 expedientes de demolición abiertos. La Junta de Andalucía ha aplicado la legalidad con fuerza y ha impuesto sanciones muy elevadas a quienes han construido en zonas rurales a sabiendas. Muchas familias han tomado ya la decisión de derribar por sí mismas las casas, ya que cuanto más tiempo pasa más sanción hay que pagar.
Otra zona ´delicada´ desde el punto de vista de la construcción ilegal es la Axarquía, donde se contabilizan unas 20.000 viviendas irregulares. No abundan en los grandes municipios, como Vélez, Nerja o Rincón, sino sobre todo en la zona de interior. Esta comarca está poco poblada en relación a su amplitud y tiene grandes extensiones de terrenos rurales en los que florecen las edificaciones fuera de ordenación. Rincón ya tiene aprobado su PGOU y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que Vélez está en la recta final de la tramitación. Los casos de Nerja y Torrox van más lentos.
Por último, en la comarca del Guadalhorce destaca Cártama, donde hay contabilizadas unas 3.500 viviendas ilegales o alegales. Es el municipio de la provincia en el que más demoliciones se han ejecutado por edificaciones irregulares en terrenos rústicos -y por tanto, no urbanizables-. Coín y Alhaurín de la Torre también presentan casos, pero son menos abundantes. Los PGOU están en distintas fases de tramitación y los ayuntamientos confían en dar un importante avance a lo largo de 2009.
La Opinión de Málaga, 03/11/2008
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