La oposición rechaza la urbanización de Arraijanal

Arraijanal se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición a pocos días del debate sobre la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), previsto para el próximo 14 de agosto en un pleno extraordinario. Los grupos de la oposición no tardaron ayer en rechazar la propuesta de ordenación de los terrenos.

La construcción de un equipamiento hotelero en primera línea de playa, aunque guardando una distancia de cien metros con el deslinde marítimo-terrestre, y la creación de 664 viviendas junto a la urbanización de Guadalmar, a cambio de una aportación para las arcas municipales de 28 millones de euros que se destinará a diversas obras de infraestructura, fue acogida con sorpresa e indignación en las filas de PSOE e IU. Ambos grupos anunciaron la puesta en marcha de diversas iniciativas para captar la movilización de los ciudadanos contra el proyecto.

El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, destacó que se trata «de la única zona libre que queda en el litoral» y criticó que la propuesta que recogerá el nuevo PGOU «hará que sólo puedan disfrutarla los malagueños que puedan gastarse lo que va a costar una vivienda en Arraijanal». «El equipo de gobierno va a tomar una medida en contra del 99% de los malagueños y lo hace porque tiene una deuda financiera de 120.000 millones de las antiguas pesetas», declaró Fuentes, quien agregó que el Ayuntamiento «vende el suelo de todos los malagueños para uso y disfrute de unos pocos». «Debería seguir como un parque al que puedan venir las familias», agregó.

Además, el portavoz socialista anunció que su grupo estudia impugnar la celebración del pleno del próximo día 14, en el que será aprobado provisionalmente el PGOU, porque considera que el documento introduce cambios sustanciales respecto a su aprobación inicial -incluida esta nueva ordenación para Arraijanal- que requieren un nuevo periodo de información pública.

Campaña

Por su parte, José Luis Cámara, secretario de Medio Ambiente de la nueva ejecutiva del PSOE, afirmó que el Ayuntamiento «no puede hacer caja con el patrimonio natural de los malagueños» y anunció que van a desarrollar desde el partido una campaña de información para dar a conocer los planes urbanísticos para Arraijanal.

«Cuando la dinámica en todo el Mediterráneo es liberar suelo urbanizado, este Ayuntamiento está tratando de urbanizar lo poco que queda libre de edificación», indicó José Luis Cámara. «El PSOE no va a permitir que el Ayuntamiento haga negocio con empresas privadas del único patrimonio que los malagueños tienen aún de suelo libre en la fachada litoral de la ciudad», señaló.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, se mostró «profundamente defraudado» al conocer el plan para Arraijanal adelantado por SUR, ya que «creíamos que era una batalla que se había ganado», dijo en rueda de prensa. Moreno Brenes recordó que esa era la única zona que quedaba excluida en el litoral de la presión urbanística y defendió preservarla del ladrillo y el cemento. Informó de que es «el único ecosistema marino que nos queda en el término municipal», como lo acredita un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. «Arraijanal puede que sufra, si no lo paramos, una agresión total y absoluta por usos hoteleros y residenciales», dijo.

Por todo ello, el edil izquierdista anunció la creación de una plataforma ciudadana, «que IU va a liderar» para impedir que se haga el proyecto reflejado en el convenio firmado con los propietarios de la zona. Añadió que todas las fuerzas políticas, sindicales, asociaciones ecologistas y vecinales que lo deseen pueden sumarse a esta plataforma.

Falta de coherencia

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, salió al paso de las declaraciones de los portavoces de la oposición, de los que dijo que «demuestran falta de coherencia política». Díaz argumentó que los suelos de Arraijanal mantienen en la nueva ordenación «la misma clasificación que le otorgó el PGOU de 1983, cuando gobernaba el PSOE con Pedro Aparicio como alcalde». «Hay que recordar que ese PGOU, en el que se permitía edificar a los dueños de los terrenos, fue aprobado por la Junta de Andalucía», recalcó el edil.

Para el responsable local de Urbanismo, el acuerdo con los dueños del sector «mantiene la vocación turística de los suelos y logra una mayor cohesión del tejido urbano de la ciudad». Además, aseguró que respeta «todos los condicionantes que a día de hoy inciden en el ámbito», en relación a las afecciones de la Demarcación de Costas, de carreteras y de las servidumbres que implica su proximidad al aeropuerto.

Diario Sur, 25/07/08