Polémica obra en Pinares de San Antón

Los vecinos comentan que Pinares de San Antón “se ha convertido en un ‘Fort Apache’ donde se pueden incumplir todas las normativas establecidas”. Esto es lo que denuncian que está pasando con una nueva construcción situada en la calle Lantana nº 6, un edificio de cinco plantas construido con irregularidades, según han informado a El Observador. Actualmente hay interpuestas dos denuncias ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

La mole en construcción llama la atención a simple vista. Un edificio de cinco plantas que se impone entre la vegetación del monte y las casas de los alrededores. Según los estatutos de la comunidad es ilegal ya que sólo se puede construir dos plantas y garaje en esta urbanización.

Esta falta de discreción es la que ha levantado sospechas entre los vecinos, que comenzaron a denunciar irregularidades en el mes de julio. Según informan fuentes oficiales de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el motivo de esta denuncia fue el corte vertical de la obra y la instalación de una grúa y, tras comprobar un empleado técnico que el inmueble -en fase de cimentación- se estaba construyendo en arreglo a la licencia expedida, el expediente fue archivado.

Las irregularidades, según señalan los vecinos, se han ido acumulando hasta acabar siendo motivo de dos nuevas denuncias: una interpuesta por un particular y otra por la comunidad de propietarios, que adjunta a la misma un informe técnico de la situación. En dicho documento, al que ha tenido acceso esta revista, se destaca, entre otras cuestiones, el incumplimiento de la altura permitida en la zona o los excesos en vallados y medianeras con los vecinos.

Una de las circunstancias que ha despertado más dudas entre los propietarios es el hecho de que agentes de la Policía Local se desplacen diariamente, y desde hace meses, a despejar y cortar toda la calle Lantana. Este vial es de un sólo sentido y de uso casi exclusivo para el acceso a las viviendas, lo cual obliga a los vecinos a retirar sus vehículos y acceder a pié a las viviendas.


Esta ‘protección especial’ ha levantado suspicacias entre los vecinos que creen que se está acelerando los plazos de la obra. Cosa que evidencia también la prolongación habitual de la jornada laboral de los obreros hasta más de las siete, así como que acudan incluso los sábados a trabajar, según han informado los afectados. Los vecinos creen que se trata de conseguir la licencia de ocupación, después de lo cual las denuncias y quejas se volverían prácticamente inútiles.

La GMU ha informado a esta revista que iniciará nuevas investigaciones con arreglo a la situación actual y que, desde el departamento de Disciplina Urbanística, se enviará a un técnico a la obra -ya en fase de estructura- para comprobar sobre el terreno si la construcción se ajusta a la licencia concedida. Por parte de la Asociación de Vecinos se espera que se trate el tema con diligencia y no exista conflicto con la finalización de la construcción.

Emilio Álvarez Yela, arquitecto responsable de la obra ha declarado a El Observador que conocía las protestas vecinales, pero que todo se ha desarrollado “con normalidad”. Afirma que proporcionó a la asociación vecinal el proyecto licitado y que éste se articula conforme a los planos del terreno, situado en pendiente. No obstante, los vecinos tienen una versión distinta: aseguran que sólo se les facilitó un borrador del proyecto que no se corresponde de ningún modo con el que obtuvo la licencia. Sobre el tamaño del inmueble, Álvarez argumenta que se trata de una edificación escalonada y que las plantas inferiores quedarán tapadas posteriormente, así que “no cuentan”.

Habrá que esperar para comprobar si finalmente las plantas cuentan, los tamaños se ajustan y los policías locales vuelven a sus verdaderas funciones.

Revista El Observador, 14/12/2011